Hoy en día la ley argelina prevé la concesión de indemnizaciones a las familias de los desaparecidos. Sin embargo, el pago efectivo de esas indemnizaciones está condicionado a la presentación de parte de las familias (y no del Estado) de una declaración de fallecimiento de sus desaparecidos. Esta medida tiene como objetivo imposibilitar definitivamente la búsqueda de la verdad, ya que las mismas disposiciones prohíben a las familias recurrir en justicia para obtener más informaciones sobre sus desaparecidos, una vez presentada la declaración de fallecimiento.

Frente a esta situación, en los últimos años la lucha de las familias ha cambiado de estrategia. Hoy en día las familias ya no piden una comisión de investigación, sino una Comisión de la Verdad, sobre el modelo de África del Sur y de los demás países que han optado por los recursos de la “justicia transicional”, que prevé interrupción de la acción penal sobre determinados crímenes a cambio de la verdad sobre los hechos investigados, con el fin de una verdadera reconciliación de la sociedad.