La interrupción del proceso electoral en Argelia en diciembre de 1991 ante la victoria del Frente Islamista de Salvación, la proclamación del estado de emergencia, la instalación en 1992 del Alto Consejo del Estado por los generales Khaled Nezzar, Ali Kafi, Ali Haroun y Eli Tidjani Haddam, la promulgación de medidas antiterroristas represivas violando los más elementales derechos humanos: son éstos los acontecimientos a la base del fenómeno de las desapariciones forzosas en Argelia.

Los desaparecidos son hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Muchos son las víctimas inocentes de la venganza de los escuadrones de la muerte del Estado contra la población civil. Muchos son simples opositores de la dictadura de los generales. Muchos son familiares de militantes islamistas en la clandestinidad. Muchos, finalmente, son militantes islamistas, en contra de los cuales el Estado argelino, con el apoyo internacional, lanzó una guerra fuera de toda convención internacional de protección de los derechos humanos y de las normas del Estado de derecho.

Hoy en día el Estado argelino se reconoce “responsable, pero no culpable” de las desapariciones, crímenes imprescriptibles según el derecho internacional. Oficialmente los culpables son “agentes aislados", que sin embargo tuvieron poder suficiente para hacer desaparecer miles de personas en todo el país. Agentes y sus crímenes que en hoy en día quedan impunes gracias a la denominada “Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional”, aprobada en 2005.

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